El 8 de Octubre, con bombos
y platillos, fue públicamente presentado por los principales funcionarios del
Ministerio de Salud, el Plan Nacional de
Salud Mental basado en los más importantes lineamientos de la OMS (Organización
Mundial de la Salud) y la Ley 26.657 (Ley de Salud Mental), que fuera aprobada
por unanimidad en el 2010 (votada por kirchneristas y opositores) y
recientemente reglamentada a finales de mayo de este año, luego de un sinfín de
cabildeos y negociaciones con las mismas corporaciones médicas asociadas a los
pulpos farmacéuticos.
Si bien el Plan destaca los
aspectos “positivos” de la Ley (derechos humanos y ciudadanos de pacientes,
abordajes interdisciplinarios y comunitarios, etc.), traza como “meta principal”
el cierre de los hospitales monovalentes de Salud Mental para el año 2020: “El Estado argentino dispuso que no haya más
instituciones monovalentes en funcionamiento a partir del 2020. Y este plan
marca un rumbo para que los hospitales generales vayan tomando la posta”
(Pág. 7)… En el punto 11.1.9 (Pág. 45) tajantemente ordena como “Meta”: “Que a noviembre de 2020, el 100% de las
personas con padecimiento mental que se encuentran institucionalizadas con más
de 2 (dos) años en efectores públicos
sean externados e incluidos en un hogar
de referencia o en dispositivos
residenciales comunitarios…” (negritas del autor de la presente nota).
La orientación del Plan
Nacional explícitamente –siguiendo las recetas de la OMS en los últimos 30
años- insta al cierre “gradual” de instituciones monovalentes para la presunta
apertura de nuevas prestaciones y
“abordajes comunitarios” de los llamados “dispositivos alternativos” y
hospitales generales. Sin embargo, el Plan mientras establece un cierre “en cuotas” de los llamados
“neuropsiquiátricos”, deja al libre albedrío de las administraciones
capitalistas provinciales y municipales la readaptación de la red hospitalaria
del sector público, dejando abierto un panorama de suculentos negocios en
prestaciones al sector privado y “semi-privado” (clínicas de obras sociales,
Fundaciones, ONGs). En este sentido, cualquier kirchnerista que pretenda
denunciar a Macri la próxima vez que intente pisar con las botas de la Policía
Metropolitana los terrenos del Borda, estará obligado a llamarse a silencio.
La reglamentación de la Ley
26.657 (Decreto 603/13, 28/05/13), establece que “…deberá entenderse que la expresión hospitales
generales incluye tanto a los establecimientos
públicos como privados. Las adaptaciones necesarias para brindar una
atención adecuada e integrada sea estructurales y/o funcionales de los
hospitales generales a efectos de incluir la posibilidad de internación en
salud mental es responsabilidad de cada
jurisdicción” (negritas son del autor).
En síntesis, se incluye al
sector privado –que desde hace tiempo viene reconvirtiendo sus clínicas en
dispositivos ambulatorios en amplia ventaja comparándose con la red
hospitalaria- en la categoría de “hospital
general” que prestará servicios de internación y tratamientos ambulatorios,
mientras lo que queda clarísimo es que son los monovalentes del sector público
(como por ejemplo el Hospital Borda) los que deberán cerrar sus puertas a más
tardar en el año 2020. Por otro lado, el financiamiento para nuevos efectores
sanitarios en los tres niveles de salud del sector público “es responsabilidad de cada jurisdicción”…
de los Macri, Insfrán, Binner y Scioli
(que en la actualidad tercerizan sus prestaciones con el sector privado).
No quedarían dudas que en
nombre de la “batalla cultural” por la “desintitucionalización” del “estigma de
la locura” se potenciará el proceso de reconversión capitalista de la salud
donde las clínicas privadas (hoy “aggiornadas” a Fundaciones, ONGs y Hospitales
de Día) se erigirán como las principales contratistas de las prestaciones del
Estado, mientras la salud pública marcha a una profundización de su derrumbe.
Una nueva receta “progresista” que promoverá la tercerización de la atención
pública en Salud Mental en el sector privado y en la propia población, en
nombre de la “autogestión comunitaria” y la formación de “efectores
sanitarios”.
Sin un sistema de salud
único, público y de acceso universal y gratuito, toda supuesta “reforma” se
convierte en un nuevo negociado capitalista de la salud.
Hernán
Scorofitz
Nota: Se sugiere ver anticipación en el mes de mayo en artículo del Blog
