EL GOBIERNO NACIONAL PONE FECHA DE CIERRE AL HOSPITAL BORDA: AÑO 2020

Quien creía que el gobierno de “la derecha” de Mauricio Macri era el único interesado –particularmente luego de la brutal represión de la Policía Metropolitana  el último 26 de Abril- en cerrar el Hospital Borda para desarrollar distintos negociados (particularmente inmobiliarios) estaba equivocado.

Su fecha de cierre (como la de todos los neuropsiquiátricos del país) acaba de ser establecida como “ultimátum” para el año 2020, esta vez, de la mano del Gobierno Nacional.

Haciendo Historia

El reciente Decreto 603 del Poder Ejecutivo Nacional (28/06/12) formaliza la  reglamentación de la Ley 26.657, más conocida como “Ley Nacional de Salud Mental”, aprobada en el Congreso Nacional en noviembre del 2010. Cabe mencionar que, a pesar de las ilusiones que despertó  la sanción de la Ley mencionada entre sectores de  trabajadores, profesionales y redes de usuarios en Salud Mental  (particularmente en lo referente a los derechos ciudadanos y humanos de pacientes internados y el acceso de profesionales no médicos a jefaturas de servicios en hospitales y centros de Salud Mental), el mismo Poder Ejecutivo “cajoneó” su reglamentación durante más de 2 años, abriendo una instancia de negociación con la llamada “Corporación Médica” (laboratorios, medicina privada) para establecer las condiciones de “reconversión” frente a la presunta afectación de la Corporación, establecida por la Ley.

La “impasse” a la que condenó el Gobierno Nacional a la reglamentación de la Ley tan venerada suscitó una crisis política “de gabinete”, que costó la renuncia del Director Nacional de Salud Mental (área ministerial creada por la actual administración nacional) y el desembarco en el sector de la troupe alineada a la Agrupación Kolina de Alicia Kirchner.

La simple lectura del Decreto de reglamentación aporta un manto de claridad en lo que se refiere a ciertas “reservas”  que algunos mantuvimos al momento de la sanción de la Ley –a contramano del entusiasmo en varios sectores progresistas-, particularmente frente a  la orientación social o reconversión capitalista que se viene aplicando mundialmente en el campo de la Salud Mental como telón de fondo (siguiendo al pie de la letra los lineamientos estratégicos de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial), problema que excede el debate académico o teórico sobre las distintas corrientes, discursos y abordajes interdisciplinarios que desde hace al menos tres décadas  proliferan el mundo profesional de la Salud Mental.

Disparen contra los hospitales “monovalentes”. Disparen contra el Borda

Oportunamente alertamos la instancia que abrían algunos apartados esenciales contenidos en  la Ley Nacional de Salud Mental: por ejemplo, su artículo 27, prohibiendo la creación de “…nuevos neuropsiquiátricos o instituciones monovalentes, públicos o privados…hasta la sustitución definitiva de los ya existentes por dispositivos alternativos”. No hay que ser muy perspicaz al momento de relevar y evaluar a nivel nacional o local la “existencia” de una red de “dispositivos alternativos” que pudieran “amortiguar” el cierre de los hospitales monovalentes (y especialmente a sus pacientes internados).

Si había alguna duda, la reglamentación reciente del artículo referido directamente ubica bajo amenaza un sector importante del sistema hospitalario público: “… La Autoridad de Aplicación en conjunto con los responsables de las jurisdicciones, en particular de aquellas que tengan en su territorio dispositivos monovalentes, deberán desarrollar para cada uno de ellos proyectos de adecuación y sustitución por dispositivos comunitarios con plazos y metas establecidas. La sustitución definitiva deberá cumplir el plazo del año 2020, de acuerdo al CONSENSO DE PANAMA adoptado por la CONFERENCIA REGIONAL DE SALUD MENTAL convocada por la ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) - ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) “20 años después de la Declaración de Caracas” en la CIUDAD DE PANAMA el 8 de octubre de 2010… La Autoridad de Aplicación en conjunto con las jurisdicciones, establecerá cuales son las pautas de  adaptación de los manicomios, hospitales neuropsiquiátricos o cualquier otro tipo de instituciones de internación monovalentes que se encuentren en funcionamiento, congruentes con el objetivo de su sustitución definitiva en el plazo establecido…la adaptación prevista deberá contemplar la desconcentración gradual de los recursos materiales, humanos y de insumos y fármacos, hasta la redistribución total de los mismos en la red de servicios con base en la comunidad…”

Dos cosas quedan claras: invocando la necesidad de “descentralizar” el sistema de salud público y mental y “desinstitucionalizar” a los pacientes internados, queda bajo las administraciones jurisdiccionales (como por ejemplo sería hoy Macri en la Ciudad de Buenos Aires) la misión de “sustituir  definitivamente” a los hospitales monovalentes de Salud Mental a lo largo y ancho del país, que ya han pasado a tener fecha de cierre: el año 2020.

Para el caso, bajo las distintas administraciones jurisdiccionales capitalistas, la “sustitución definitiva” pasa a cobrar como mandato una “solución final”. El operativo represivo de finales de abril en el Hospital Borda es una muestra elocuente de ello.

 Gato por Liebre

 La “desconcentración gradual de recursos” no hace falta garantizarla por ley. Desde hace años, la tendencia general en nuestro país es al cierre de servicios y “baja” de camas de internación en los hospitales monovalentes y llamados “neuropsiquiátricos”.

El Hospital Borda también resulta ser  un “monumento al ejemplo” de este proceso, lo cual implica una formidable transferencia de recursos públicos a “organizaciones de la sociedad civil” (ONGs y Fundaciones con subsidios estatales y hasta clínicas semiprivadas) y organizaciones territoriales (afines al Gobierno, claro está) en nombre de “la comunidad”, la “Atención Primaria de Salud” o la “reinserción social del paciente”. Así las cosas, no es casual que la gestión estatal de la Salud Mental esté bajo las decisiones del Ministerio de Desarrollo Social.

Junto a la “sustitución definitiva” (o “solución final”) de los hospitales monovalentes, los clásicos “punteros” territoriales devendrán en “agentes comunitarios de Salud” en nombre de supuestos enfoques sanitaristas, “preventivos” o “comunitaristas”. Una verdadera estafa intelectual, moral y social.

Para ampliar la comprensión del problema es menester analizar  la lectura de la reglamentación del Artículo 28, que originariamente insta a que “las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales. A tal efecto los hospitales de la red pública deben contar con los recursos necesarios”. Al menos, al momento de la sanción lo que seguramente podía despertar cierta sospecha era el grado de consistencia y recursos de la red pública hospitalaria general para integrar las llamadas “internaciones psiquiátricas”. El texto de la reglamentación del artículo clarifica la orientación social capitalista que se pretende establecer en la “transición” (o “extinción”) de los hospitales monovalentes: “…Deberá entenderse que la expresión “hospitales generales” incluye tanto a los establecimientos públicos como privados. Las adaptaciones necesarias para brindar una atención adecuada e integrada sean estructurales y/o funcionales de los hospitales generales a efectos de incluir la posibilidad de internación en salud mental es responsabilidad de cada jurisdicción…A los efectos de contar con los recursos necesarios para poder efectuar internaciones de salud mental en hospitales generales del sector público, el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y el MINISTERIO DE SALUD deberán contemplar en la construcción de nuevos hospitales, áreas destinadas específicamente a la atención de la salud mental, promoviendo que igual criterio adopten todas las jurisdicciones...La Autoridad de Aplicación condicionará la participación de las jurisdicciones en programas que incluyan financiamiento, a la presentación de proyectos de creación de servicios de salud mental en los hospitales generales, con plazos determinados.”

Claro como el agua. La inclusión de “establecimientos privados” como “hospitales generales”, convocados a “amortiguar” la liquidación de los hospitales monovalentes y neuropsiquiátricos públicos, desarrollará una “competencia desleal” en favor del capital y el sector privado en el mercado de la salud. Mientras, la apertura de nuevos dispositivos públicos dependerá de la “contemplación” del Ministerio de Planificación Federal y el Ministerio de Salud, la “oferta de temporada” abierta profundizará un proceso de reconversión capitalista en el campo de la Salud Mental que se viene desenvolviendo en la última década: un tendal de clínicas privadas psiquiátricas “aggiornadas” en Fundaciones y ONGs (las llamadas y tan “adoradas” “organizaciones de la sociedad civil”) que en lugar de ofertar “camas de internación”, ofrecen los nuevos “dispositivos alternativos” al encierro manicomial: Hospitales de Día y Noche, Casas de Medio Camino, Residencias Protegidas y hasta “Empresas Sociales” como “Cooperativas”.

No hay que ser un encumbrado pensador para saber quién terminará ganando “la carrera” entre la “contemplación” de los Ministerios a la hora de abrir nuevos dispositivos públicos o áreas de internación en los hospitales generales públicos (en un cuadro de desinversión y retracción de la industria de la construcción como consecuencia de la crisis capitalista mundial) y la facturación abultada que las ex clínicas privadas reconvertidas en “nuevos dispositivos” vienen acumulando hace años, a través de la prestación de servicios a Obras Sociales, “Pre-pagas” y al propio Estado.

La OMS y el Banco Mundial en el Proceso de Reconversión Capitalista de la Salud Mental

Las “reformas” contempladas por la Ley Nacional de Salud Mental (especificadas en su reglamentación) se inscriben en un cuadro de reconversión capitalista que los principales organismos sanitarios (OMS, OPS) junto al Banco Mundial vienen impulsando en Encuentros Internacionales, Declaraciones y Acuerdos entre Países desde hace aproximadamente 30 años.

A la hora de hacer una lectura de los principios rectores y estratégicos de estas “reformas”, conviven el planteamiento de “no estigmatización del paciente psiquiátrico”, el “cierre de los manicomios”, la “restitución de derechos”, “descentralización” y  “autogestión comunitaria” con puntos programáticos como “equidad”, “maximización de eficiencia de recursos”. En muchos de los Informes sobre la Salud Mental de la OMS (ver Informes 2001/2002) se invoca a que “la población sana financie a la población enferma en la comunidad” o se presenta la delegación de las acciones sanitarias en los tres niveles de Salud en “la población” u “organizaciones de la sociedad civil”, una tercerización y en muchos casos una “reprivatización” que termina por usurpar conceptos y categorías de experiencias y corrientes muy valiosas como la “psiquiatría democrática” (Franco Basaglia) o, por ejemplo, la “Psicología de la Liberación”.

Así las cosas, en nombre de “democratizar” el abordaje profesional y disciplinar en Salud Mental (para presuntamente quitar el monopolio de los tratamientos al “discurso médico hegemónico” del “poder psiquiátrico) a través de la “interdisciplina”, un ejército profesional “interdisciplinario” (psicólogos, terapistas ocupaciones, musicoterapeutas, acompañantes terapéuticos) “presta” sus servicios profesionales y asistenciales en condiciones de absoluta informalidad y precarización, en comunidades terapéuticas y dispositivos ambulatorios de rehabilitación gestionados por Fundaciones y organizaciones del “tercer sector”.

Para peor, se pretende ideológicamente proponer suplantar una “corporación” (médica) por otra (“interdisciplinaria psi”), para ´que esta última sea reconvertida en los nuevos “gestores”  de la privatización “progresista” en la atención sanitaria.

Cuando lo grotesco se mezcla con lo pérfido, la reglamentación pretende “reformar” la gestión privada de la “corporación médica”  a través de un cartel y una línea telefónica asistencial como condición: “Todas las instituciones públicas o privadas que brinden servicios de salud con o sin internación deberán disponer en lugares visibles para todos los usuarios, y en particular para las personas internadas y sus familiares, un letrero de un tamaño mínimo de OCHENTA CENTIMETROS (0.80 cm) por CINCUENTA CENTIMETROS (0.50 cm) con el consiguiente texto: “La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 garantiza los derechos de los usuarios. Usted puede informarse del texto legal y denunciar su incumplimiento llamando al...” No sería nada descabellado pensar que “el cartel” fue parte de la negociación entre el Estado y la “corporación médica” para consumar la lenta reglamentación.

Perspectiva

Cualquier “reforma” (en el sentido más “reformista” del término) en el campo de la Salud Mental, inscripta en un cuadro de reconversión y crisis capitalista, orientada y gestionada por los Estados gestores de esa propia crisis, y aun despertando las máximas ilusiones en muchos protagonistas, puede terminar siendo la peor punta de lanza para pulverizar lo “ya conquistado” en beneficio de las más amplias masas populares. El propio Franco Basaglia, padre de la “desmanicomialización” en el noreste italiano (Trieste, Goritzia y otras regiones) planteaba sus reparos cuando la lucha “contra el manicomio” se planteaba divorciada de la lucha de clases.

La perspectiva que se abre frente a la necesidad de transformar las condiciones imperantes del “sujeto padeciente” (en términos de Salud Mental y de las propias condiciones materiales e históricas de existencia) dependerá no solamente de la aplicación de “dispositivos” o “corrientes”, sino por sobre todas las cosas de la gestión social que enmarque a los mismos. Caso contrario, la “reforma” puede transformarse en “contrarreforma” …del capital, aún bajo taparrabo “progresista”. Este parece ser el caso.  

Hernán Scorofitz