BUENOS AIRES NO ES TRIESTE

SECCIÓN DE-BATES 

Versión original del artículo publicado en la Sección Psicología de Página/12, 09/02/12
http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-187204-2012-02-09.html

Solo basta con deslizar una fugaz lectura de los primeros párrafos del artículo “Violencias del manicomio” (http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-186715-2012-02-02.html) como para percatarse –particularmente para quienes ejercemos la práctica clínica y pública en el campo de la Salud Mental- las reales intenciones de su autor (para el caso, un “viejo” amigo y colega de quien suscribe la presente réplica): una denuncia sobre la tarea cotidiana de profesionales y trabajadores de la Salud Mental –valiéndose de ciertos pasajes provocativos para ampliar su resonancia-, (re)presentada según el autor como la etiología de los mayores males vivenciados por la mayoría de los pacientes internados en hospitales neuropsiquiátricos y monovalentes.

Pretendiendo desplegar y profundizar valiosísimos aportes, en base a experiencias históricas, que en vida y obra filósofos y psiquiatras como Foucault y Basaglia han consagrado al campo de la clínica y la “historia de la locura” , el artículo parte de una premisa inconmovible: “el principal problema en el campo de la salud mental está entre los trabajadores” (y no es “centralmente una cuestión de normas legales”), acusados por el autor de reproducir –consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente- “la objetivación (del paciente) como método”. Yendo más allá, todo el problema de la práctica profesional en los neuropsiquiátricos radicaría en “la formación que recibieron y sostienen” (los profesionales) y en “la falta de una movilización organizada de poder real de transformación de las condiciones institucionales” (por parte de los profesionales y trabajadores de la Salud Mental).

Así las cosas, quienes cotidianamente desarrollamos nuestras práctica clínica en hospitales monovalentes de Salud Mental (como en mi caso en el Hospital Borda) estaríamos a un paso de convertirnos en lo que alguna vez Heidegger planteó en relación al trabajador del conocimiento: no una simple “correa de transmisión” en un engranaje técnico sino directamente en un “experto” (en este caso en la tarea macabra de “objetivar” los cuerpos de los pacientes). De hecho, valiéndose de ejemplos tristemente ocurridos en algunos monovalentes (el Hospital Infanto Juvenil Tobar García específicamente), el autor denuncia que los trabajadores no se denuncian entre sí por tétricos y siniestros atropellos cometidos contra los derechos básicos y humanos de pacientes en dichas instituciones.

Curiosamente, mientras el autor responsabiliza (o directamente denuncia) que los profesionales no se movilizan  de manera organizada por la transformación de las condiciones institucionales y lo que podríamos describir como una “lógica discursiva” –una tremenda falsedad frente a la infinidad de movilizaciones en defensa de la Salud Pública que se vienen desenvolviendo, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años- omite olímpicamente, las verdaderas condiciones materiales de existencia de un trabajador y profesional hospitalario junto con las del paciente: derrumbe edilicio, precarización, flexibilización, tercerización de servicios, escasez de nombramientos de personal técnico y profesional, bajos salarios, proliferación de profesionales ad honorem (sobre los cuales se sostienen muchas áreas de atención, especialmente en concurrentes y voluntariado). Un derrotero que desde luego determina y condiciona – y atenta contra- la labor profesional.

Ignonar a la hora de pretender trazar una caracterización sobre el derrumbe sanitario (no solamente en el campo de la Salud Mental) las condiciones históricas y materiales en que se desenvuenve una práctica para reducir la puntería al problema de “los discursos hegemónicos” no solamente puede retrotraernos regresivamente a casi 200 años atrás en los albores del idealismo hegeliano, sino que además termina por “ser funcional” a las conceptualizaciones más reaccionarias, regresivas y hasta “gorilas” a la hora de analizar ciertos fenómenos, muchas veces expresados no solamente en el discurso de “Doña Rosa”, sino también de los propios gobiernos más referenciados con la derecha: “los empleados públicos y docentes son privilegiados”, “los piqueteros son vagos” o para el caso, “los profesionales de la Salud Mental objetivizan a los pacientes”.

Cualquier profesional de la Salud Mental en un hospital público (particularmente en los neuropsiquiátricos) puede dar cuenta del destino en la polifuncionalidad –pilar de la flexibilización laboral de los noventa- de sus tareas: su original e ingenua aspiración deseante del “hacer” clínica en el hospital muchas veces termina atravesado por el problema del “ser” (un poco asistente social, un poco acompañante terapéutico, un poco enfermero, etc.). Además de los pacientes, son los profesionales y trabajadores quienes terminan “objetivados”, no por un “discurso” sino por sobre todas las cosas por un régimen social y sus consecuencias.

La denuncia contra los trabajadores de la salud mental se amplía en el artículo de marras a la hora que el autor sostiene: “la mayoría no piensa a quienes atienden como iguales”. Primero, cabría aclarar si hablamos de “igualdad jurídica” (profesional y pacientes como sujetos de derecho). Sino, si es “otra” igualdad, menos mal que no pensemos a nuestros pacientes (independientemente de su estructura) como “iguales”. La alteridad en transferencia –particularmente en la clínica con psicosis- es condición sine quanon para, aunque sea, alivianar mucho del padecimiento subjetivo.

Acusar que “la mayoría de los trabajadores de la salud mental” ejercen “la violencia” como “herramienta de trabajo” (aunque el autor se apiada de aclarar que “no creo que sea una cuestión de malas intenciones”) puede terminar por incurrir en un grosero cinismo o una supina ignorancia a la hora de omitir que riquísimas experiencias, afortunadamente todavía vigentes han surgido en el interior de los muros:  el Frente de Artistas del Borda y Radio La Colifata (lamentablemente en una seria situación de peligro de cierre por estos días), más la labor de muchísimos profesionales de Servicios Institucionales del Borda (y el Moyano, y el Tobar) que han contribuido a que tantísimos pacientes no queden aprisionados en los mismos muros manicomiales que contradictoriamente dieron nacimiento a esos espacios. O directamente les han salvado la vida.

Sin embargo, ciertos pasajes de la nota merecen destacarse por su acertado criterio a la hora de poner en la balanza los factores que determinan las condiciones de vida de los pacientes –aunque no en su valoración-: “la decisión (de la presunta transformación social en el campo de la Salud Mental) puede no ser tomada por el Ejecutivo, sino por los trabajadores”. Un Bocaccio di cardinale en la (ir)responsabilidad política del Estado en el marco en que se desenvuelve la atención sanitaria. A esta altura, y bajo la premisa planteada, Macri salta en una pata y le pone un marco dorado a la propuesta del autor (y de paso, sigue con su plan de cerrar el Borda y el Moyano para instalar su Centro Cívico y desenvolver su formidable negociado inmobiliario en el Corredor Sur de la Ciudad de Buenos Aires, eso sí, en nombre de la “desmanicomialización”).

No casualmente el artículo concluye con una reflexión taxativa: “…Así que no se discute: el manicomio se tiene que cerrar: nada de andar preguntando bajo que condiciones. ¿Qué puede ser peor para un ser humano que su vida en un manicomio? Sólo la vida en un campo de concentración puede ser peor”.
Descontando que a esta altura la lógica indicaría que quienes ejercemos la práctica en el Borda, por ejemplo, ya pasaríamos a ser grosera y directamente un prototipo del Turco Julián o cualquier torturador de la ESMA, todo indica que el autor nunca tuvo la curiosa dicha de atravesar por la experiencia clínica e institucional hospitalaria en un tratamiento de toparse con el “espanto” que paradójicamente nos muestran en contadas ocasiones los propios pacientes (particularmente los más institucionalizados o cronificados) a la hora de avizorarse un alta o una externación. La “puerta giratoria” (una marca registrada en la mayoría de los pacientes con más de cinco años de internación) no es gratuita ni azarosa.

¿Qué puede ser peor que la vida en un “manicomio”? Muchas cosas puede resultar más tétricas: la situación de calle que  termina siendo el destino indefectible frente a la ausencia de políticas de reinserción social o laboral por parte del Estado. La reinternación en clínicas privadas (conveniadas a través de suculentos negociados por parte del Estado), muchísimas más manicomiales que el mismísimo Hospital Borda. O inclusive, la “vedette” de temporada para muchos profesionales que demonizan a los hospitales monovalentes (y como queda en evidencia, a sus trabajadores y profesionales): redes, asociaciones civiles, ONGs y comunidades terapéuticas, ofertadas como “dispositivos alternativos”, subsidiadas y tercerizadas por el Estado Nacional, las autoridades provinciales y municipales de todo tipo y color.

Cabría preguntarse justamente dónde están, cuáles son y de quién son los tan mentados dispositivos: hospitales de día y noche, talleres protegidos, residencias, casas de medio camino… En fin, dispositivos fundamentales para la recuperación del estatuto de Sujeto de centenares de miles de pacientes pero que permanecen bajo la égida del sector privado, o en su defecto, del llamado “tercer(izado) sector” (pero por fuera del ámbito público). Hoy el negociado de la salud no pasa solamente por la facturación de los pulpos farmacéuticos sino además, por la distribución de subsidios estatales al “tercer(izado) sector”.

Quién ya parece haber tomado nota de la “solución final” desplegada en el artículo “Violencia en el Manicomio” es el Jefe de Gobierno de la Ciudad Mauricio Macri. Este matutino en su edición del martes 24 de enero del 2012 (“Una licitación contra la ley”, Pedro Lipcovich) fue uno de los primeros en denunciar las próximas medidas del Gobierno de la Ciudad para relocalizar a centenares de pacientes psiquiátricos (particularmente de los Hospitales Borda y Moyano) en distintos servicios privados de larga duración a través de la Resolución Nº 52 del Ministerio de Salud porteño.

La liviana premisa casi a manera de tesis que “el manicomio se tiene que cerrar…nada de andar preguntando bajo que condiciones” puede llevarse de maravillas con las medidas “desintitucionalizadoras” enmarcadas en la citada Resolución.

La experiencia clínica y el mismo sentido común, simplemente percibir que la Trieste de Basaglia en las décadas del ´60 y el ´70 dista mucho de ser la Buenos Aires de Macri, una “sintonía fina” a la hora de caracterizar las verdaderas causas del derrumbe sanitario pueden llegar a clarificar un poco más que las rimbobantes frases y parafraseos de nuestros maestros. Si algo ha aportado el psicoanálisis al campo de la clínica es la diferenciacia entre la culpa y la responsabilidad (subjetiva). Culpabilizar trabajadores y profesionales –desde un “afuera”- y desresponsabilizar un régimen social e histórico (capitalista) y sus distintas representaciones políticas en relación a la catástrofe sanitaria nunca puede llevar a buen puerto. Ni a los trabajadores y profesionales de la Salud Mental. Mucho menos a los pacientes.

Hernán Scorofitz