SECCIÓN DE-BATES
Enviado a Sección Psicología de Diario Página 12 para su publicación sobre Nota publicada http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-212315-2013-01-22.html
Como ya lo señalara en el artículo “Ley Nacional de Salud Mental: ¿Qué Estamos Discutiendo?” (Revista Topía Nº61, Abril 2011 https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!msg/forotopia/GoCso37n2CA/JWLTy78J1rUJ ), haber publicado por primera vez mi posición crítica –y hasta de denuncia- sobre ciertos aspectos no menores encriptados en la misma (hoy Ley 26.657) bajo el título “Ley Nacional de Salud Mental: Hecha la Ley (“progre”), hecha la trampa (“privatista”) (http://po.org.ar/poweb/po1157/2010/12/02/exclusivo-de-internet-ley-nacional-de-salud-mental-hecha-la-ley-progre-hecha-la-trampa-privatista/), suscitó que varios colegas –que venían sistemáticamente siendo los más acérrimos apologistas a favor de la aprobación de la ley- me objetaran desde mi presunto pesimismo “ultimatista”, “sectario” y hasta “ultra” (sic) hasta mi “crítica funcional a las corporaciones médicas” (sic).
Todo lo que vengo planteando, inclusive previamente a la definitiva aprobación de la Ley de Salud Mental, se orienta desde el punto de vista de –al menos- una “reserva” sobre las aireadas ilusiones –muchas de ellas sin lugar a dudas honestas- de regular y/o hasta transformar una histórica práctica social e institucional en el denominado “campo de la Salud Mental” dentro de un marco histórico particular como el actual.
Lógicamente que el significante “trampa” contenido en el título del artículo no alude a sinceras intenciones que recorren titánicamente un tendal de frentes para conseguir la ansiada “desmanicomialización” en nuestro país, o al menos una “humanización” de los dispositivos asistenciales en el campo del padecimiento mental del sujeto (de estructura y de derechos), sino a la condición per se la cual un régimen histórico y social (y su máxima representación política y jurídica, un Estado) se puede (no siempre) valer de una ley para aplicarla (o no, depende lo que convenga) a piacere… según sirva a los intereses de tal o cual sector de la población.
Nadando prácticamente contra una marea de entusiasmo de muchos colegas, sostuve que los únicos aspectos (o artículos) de la ley mencionada a aplicar –aún en proceso de reglamentación- se orientarían en consumar la profundización de la barbarie capitalista expresada en el campo de las condiciones de atención estatal en Salud Mental: recorte de servicios, desmantelamiento del sistema hospitalario, tercerización y precarización de dispositivos asistenciales. Siempre, en nombre de las más “valederas reformas” que el Gobierno de turno (y de clase) elija a la hora de presentar “el Relato”. Con el “resto”, los aspectos inequívocamente más progresivos de la Ley, quedarían en letra muerta.
Tuve la oportunidad de profundizar mi posición en el artículo “La Salud Mental En Sintonía Fina” (Revista Topía Nº 65, Agosto 2012) donde me permití desarrollar una denuncia contundente del carácter reaccionario y privatista de la política kirchnerista en el campo de la salud pública y mental, a través de datos concretos y fácticos que inclusive exceden el debate sobre la Ley. En resumidas cuentas, tercerización de “dispositivos comunitarios” en el nivel primario de atención a favor de organizaciones territoriales y sociales cooptadas (y subsidiadas lógicamente) por el Gobierno Nacional, vaciamiento y “baja de camas” en la red monovalente hospitalaria de Salud Mental (el Hospital Borda es un “caso testigo” muy elocuente) sin la apertura consecuente de nuevas áreas de internaciones (breves) psiquiátricas en hospitales generales y con traslados de pacientes a clínicas privadas (conveniadas con el sector público) y tercerización (nuevamente, pero en el tercer nivel de rehabilitación) de dispositivos de “reinserción” en ONGs, comunidades terapéuticas (especialmente para el caso de adicciones), “empresas sociales”, también muchas veces conformadas como organismos “paraestatales”.
La contradicción radicaría en que el Gobierno que se vanagloria de haber “recuperado al Estado en su función social” viene desarrollando una política de Salud Mental de absoluta delegación en el llamado “tercer sector” en lo que se refiere a los aspectos básicos asistenciales.
Bajo el caluroso y tropical verano del 2013, el matutino Página 12 en su edición del 22 de enero, con un título a letra de molde, alerta que “La Ley de Salud Mental lleva más de dos años sin reglamentar”. En la nota, distintos referentes, “colectivos” y organismos (muchos de ellos ligados con el Gobierno Nacional y fervientes impulsores de la Ley de Salud Mental) denuncian, entre otras diatribas, “presiones de la corporación psiquiátrica”, “falta de voluntad política” y (no) “correlato desde el Poder Ejecutivo” para su reglamentación.
El punto de inflexión en lo que se refiere a una denuncia (a modo de “exigencia” o “pedido de explicaciones”) del conjunto de las organizaciones y personalidades contra el Estado llega hasta una solicitud pública y formal de audiencia a la Presidenta de la Nación, al jefe de Gabinete y a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.
La tragedia se convierte en farsa a la hora de intentar dilucidar las razones por las cuales genéricamente se “denuncia” la no reglamentación de la Ley. “No hay voluntad política”, “presiones de las corporaciones”, como si el Estado y el Gobierno estuviera comandado por el “Espíritu Santo”.
El Ministro Magnetto del Gobierno Kirchnerista
A nadie se le ocurre indagar la naturaleza social del Gobierno que se jacta de haber aprobado la Ley de Salud Mental como un triunfo, al igual que, por ejemplo, la –trunca- Ley de Medios Audiovisuales. De hecho, ambas leyes tanto en su tragedia (un frustrado “7D” que ha pasado al ostracismo de las derrotas epopéyicas de un Gobierno que pretende luchar contra las corporaciones “A” apoyándose en las corporaciones “B”) como en su farsa, tienen un correlato común. Si el manantial de “chicanas judiciales” (medidas cautelares permanentes) ha sido la manera que el Grupo Clarín ha optado por la “no vigencia” del artículo 161 de la Ley de Medios –que lo obliga a “desinvertir”- (algo que no parece regir para los pulpos telefónicos y el Grupo Vila/Manzano o Cristobal López), para el caso de la Ley Nacional de Salud Mental, el Gobierno tiene su propio Magnetto, pero dentro de sus filas y hasta de su Ministerio.
El “cajoneo” de la reglamentación de la Ley no viene por disposición de ningún Juzgado ligado a alguna “Corpo”, sino por orden directa de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación y del Ministerio de Salud. O sea, del mismo Gobierno que ha presentado a la sanción (y promulgación) de la ley como una victoria más de su “batalla cultural”, esta vez, vinculado evidentemente a alguna (o varias) “corpos” del negociado de la salud.
Curiosamente, quienes hoy se rasgan las vestiduras por su “desilusión” en la falta de premura estatal para la reglamentación de la ansiada ley, nada dicen sobre el pasado y presente de la máxima autoridad sanitaria del Gobierno Nacional, el Ministro de Salud Juan Manzur: históricamente referenciado con el mercado de la medicina privada y los pulpos farmacéuticos desde su Tucumán natal, hombre de la camarilla alperovichiana encubridora de la “trata de mujeres”, ha sido elegido por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner para dirigir los destinos de la política sanitaria nacional.
Cabría preguntarse a esta altura por las condiciones de posibilidad de cualquier avance progresivo en el campo de la salud pública con el prontuario del encumbrado funcionario, quien dicho sea de paso, se destaca además por ser el ministro del gabinete con mayor patrimonio (10 millones de pesos), el cual se incrementó en un 51% solo en el año 2011.
De hecho, los pasillos ministeriales en el área gubernamental de Salud Mental oficiaron como un campo de batalla para dirimir “internas camarilleras”: a pocas semanas de reasumir la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en diciembre del 2011, quien supo ser el primer Director Nacional de Salud Mental y Adicciones, el Lic. Yago Di Nella, presentó su renuncia –nunca aclarando las razones- entre gallos y medianoches. En su lugar, tuvieron que pasar algunas semanas para que en el recambio del área pueda comprobarse el desembarco de funcionarios ligados a la Agrupación Kolina de Alicia Kirchner –en su mayoría jóvenes trabajadores sociales- para ocupar el lugar vacante dejado por Di Nella. Así como no es novedad para nadie (bueh, parece que para algunos sí lo es) los vínculos de Manzur con los pulpos de la medicina privada y los grandes laboratorios, tampoco es novedad sobre los vasos comunicantes entre la actual Ministra de Desarrollo Social con el Ministro de Salud.
Así, en los “tires y aflojes” del empantanamiento de la reglamentación de la Ley, está en juego un proceso de reconversión capitalista de la salud pública y mental. Lo que parecería estar en juego es hasta dónde las clásicas corporaciones del mercado de la salud (clínicas, laboratorios, tributarios históricos del Estado) ceden a parciales “reformas” que también vienen de la mano de un nuevo negociado en el mercado de la salud (ejércitos de acompañantes terapéuticos precarizados en tratamientos ambulatorios provistos por “Asociaciones”, Hospitales de Día ofertados por Fundaciones asociadas a obras sociales y prepagas, Redes de “usuarios” subsidiadas por el Estado como tercerización de la asistencia).
El cuadro expone en su máxima crudeza que las aspiraciones en lo que se refiere a una praxis social en un marco institucional (en este caso en Salud Mental) regulada por un Estado no se reduce en sus antagonismos a elucidaciones y polémicas sobre “discursos”, “relatos” o “batallas culturales” sino a los intereses de una clase social (respaldada en un Estado) que le marcan el ritmo. Quien lo quiera ver que lo vea, quien quiera oír que oiga.
Es la economía…
“La trampa” que señale provocativamente en mi artículo referido en el primer párrafo, publicado hace más de dos años, cierra su cerrojo en las ilusiones de transformación en el plano de la ley y “el relato” de muchos colegas que aspiran a conmover un régimen social elevando cartas a funcionarios, “llamando a la reflexión al Gobierno” y solicitando audiencias. Algunos de ellos me han acusado de “ultimatista”, como si mi crítica a la Ley “atascada” (o en todo caso a las aspiraciones despertadas por la misma) se remitiera a un problema “principista” e “ideológico” y no –siguiendo la máxima leninista- a “un análisis concreto de la situación concreta”. Fue el propio Lenin –si se me permite la digresión “anacrónica” e “ideologizada” para algunos- quien planteó que “el reformismo es algo demasiado importante para que los revolucionarios lo dejemos en manos de los reformistas”.
A veces, los máximos referentes, dirigentes y cuadros de la más retardataria y reaccionaria clase social –en este caso la burguesía imperialista- suelen tener mayor “transparencia” y claridad que aquellos que aparentemente se posicionarían en un frente más “progresista”: vaya sino el ejemplo de Bill Clinton –destacado artillero “demócrata” en bombardear Kosovo y los Balcanes- . En ocasión de las elecciones presidenciales de 1992, James Carville, asesor de campaña de Clinton frente a los arrasadores indicadores de popularidad del carnicero Bush (padre), le aconsejó focalizar la misma en aspectos más relacionados con la cotidianeidad de los electores y sus necesidades inmediatas. Un slogan de ocasión pasó a convertirse hasta el día de hoy en una marca registrada a la hora de analizar las condiciones de existencia que determinan los problemas cruciales de las masas. Es la economía, ...colega.
Si bien no aconsejo el “psicoanálisis aplicado”, o en todo caso “la aplicación” del psicoanálisis a fenómenos políticos y sociales (lo prefiero solo para lo que “sirve”, la clínica), algunas boutades de los padres del psicoanálisis a veces paradójicamente pueden reflejar ciertos procesos que exceden la dirección de la cura en el caso por caso.
En Escritos 1, Jacques Lacan propone una suerte de lógica del tiempo basándose –cuando no- en una especie de apres coup tomado del nachträglich que Sigmund Freud desarrolló algunos años antes. “Instante de ver, tiempo de comprender y momento de concluir”. Por fuera de todo orden cronológico en estas instancias, pareciera indispensable al menos “la comprensión” como vía regia a la “conclusión” de determinados problemas. Antes que las falsas expectativas puedan devenir en profundas e irreversibles frustraciones.
Hernán Scorofitz
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